La Comunidad de Madrid, junto con otras autonomías del Partido Popular, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. En este documento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha solicitado la recusación de tres jueces del Alto Tribunal por su supuesta «notoria vinculación ideológica con el PSOE» al votar sobre la constitucionalidad de la medida: el presidente, Cándido Conde Pumpido; el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez. Estos mismos jueces también han sido recusados por el Gobierno valenciano, según fuentes de la Generalitat.
En un desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid, la presidenta regional ha afirmado que la Ley de Amnistía es una norma «escrita al dictado de quienes intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña». Además, ha asegurado que la Comunidad de Madrid hará todo lo posible para evitar que el independentismo «destruya la Constitución y España». También ha criticado que la ley se haya tramitado infringiendo preceptos constitucionales y que esto ha resultado en una reforma encubierta de la Constitución Española.
Desde el Partido Popular se ha pedido la recusación del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada, Laura Díez. Además, se ha mencionado que el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se abstendrá en la votación. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido sobre los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cambiar el modelo territorial de España y convertirla en «una república confederal».
La presidenta también ha denunciado la obsesión del Gobierno de la Moncloa hacia la Comunidad de Madrid y ha declarado que deben medirla por su trabajo y no por otros aspectos. Por otro lado, la Generalitat Valenciana también presentará un recurso similar contra la Ley de Amnistía en busca de preservar la igualdad ante la Justicia de todos los españoles.
Recurso de la Generalitat Valenciana
El presidente valenciano afirmó que la decisión de presentar el recurso se toma en busca de la igualdad en el Estado de derecho y ante la Justicia de todos los españoles. El Consejo Jurídico Consultivo valenciano respalda este recurso al considerar que hay argumentos suficientes para que el Tribunal Constitucional se pronuncie.
