Afectados por el derrame de petróleo de Repsol ocurrido en enero de 2022 vuelven a manifestarse. Aproximadamente 4.000 pescadores artesanales y trabajadores de las playas afectadas iniciaron un paro indefinido frente a la refinería La Pampilla. Los afectados sostienen que la contaminación persiste y exigen medidas urgentes para restaurar sus medios de vida y el bienestar de sus comunidades.

Los manifestantes exigen una remediación efectiva del mar afectado, ya que no pueden reanudar sus actividades económicas habituales debido al impacto ambiental. Además, reclaman compensación económica para los sectores de pesca, comercio, transporte y turismo, así como el reconocimiento e indemnización de los grupos que aún no han sido compensados.

“Estamos sin trabajo, las playas están cerradas cada vez que levantan la marea y votan hidrocarburos (…) el Gobierno ha hecho un trabajo tan nefasto que con decirle que solamente en el 2022 vino hizo un empadronamiento y se acabó el problema nunca hizo un reconocimiento un sondeo real de la afectación que hoy estamos sufriendo”, declaró un manifestante a Canal N.

Asimismo, Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, expresó su malestar. “La respuesta de Repsol siempre es la misma. Afirman que no tienen que indemnizar más porque, según ellos, las playas cumplen con los estándares internacionales. Los ánimos de los damnificados están por los suelos”, indicó.

En la misma línea, dirigentes pescadores contaron que Repsol estaría utilizando la informalidad de los pescadores como un pretexto para eludir las indemnizaciones. También criticaron que la compañía se base en la falta de permisos oficiales para clasificar la pesca como ilegal, ignorando que la verdadera actividad ilícita involucra prácticas como el uso de explosivos.

Ante ello, manifestaron su frustración por el estado de las negociaciones debido a que el diálogo con la empresa se ha roto y que la situación de los pescadores es cada vez más crítica.

Además, Melchor relató que en el primer día del marco de la protesta ocurrieron enfrentamientos con la policía. “Han golpeado a las mujeres. La Policía ha roto la bandera, una bandera que representa a todos los peruanos lo han roto”.

En tanto, la congresista Ruth Luque informó que hubo al menos tres detenciones arbitrarias, incluyendo un caso en el que un manifestante se protegió de los golpes de los efectivos refugiándose bajo una camioneta de la PNP, momento en el que se le lanzó una bomba lacrimógena para obligarlo a salir.

En respuesta a las acusaciones, Repsol comunicó que ha compensado al 98% de los afectados, un total de más de 10,000 personas, con un promedio de 100,000 soles por persona. Por otro lado, la compañía señala que ha destinado más de 1,000 millones de soles a limpieza, remediación y compensación social, y asegura que las playas afectadas cumplen con los estándares de calidad ambiental nacionales e internacionales.

En enero de este año, Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda contra Repsol en La Haya por el desastre ecológico. Goodhead explicó que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, planteando interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.

“Hemos revisado las condiciones bajo las cuales Repsol afirma haber ‘compensado’ a varias víctimas, y creemos que, en muchos de los casos, ello no constituye una reparación real. Como máximo, Repsol podría decir que ha proporcionado asistencia o un bono, pero no una reparación completa y justa por los daños causados”, declaró a Perú Goohead.

En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de los damnificados.