La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de prisión para Joan Gual de Torrella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), por delitos de prevaricación, fraude a la administración y cohecho en el caso Puertos relacionado con adjudicaciones públicas en Mahón e Ibiza.
El Ministerio Público también pide cuatro años de cárcel por cooperación necesaria en la prevaricación para Juan Carlos Plaza, Armando Parada, Fernando Berenguer y Dolores Ripoll, todos ellos vinculados a la APB. Asimismo, se solicitan tres años de prisión para el exalcalde de Ibiza Rafa Ruiz y el vicepresidente Miguel Puigserver por otros cargos.
El fiscal considera que los acusados se concertaron para favorecer a particulares en la adjudicación de títulos de explotación del dominio público portuario, actuando en beneficio de terceros y en contra de los criterios legales, generando perjuicio económico para la APB.
En el caso de Ibiza, se destaca la participación de Rafael Ruiz, vocal del Consejo de Administración de la APB y alcalde de Ibiza, en la adjudicación a favor del Club Náutico de Ibiza. Se señala que hubo acuerdos destinados a favorecer ilegalmente al club en perjuicio de la APB.
En relación a Marina Asmen en Mahón, se menciona un presunto favorecimiento en la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto, con resoluciones arbitrarias que habrían causado un perjuicio económico a la administración. Se señala la elaboración de pliegos poco claros previamente negociados con las empresas adjudicatarias.
La apertura de juicio contra Gual de Torrella y los demás acusados marca el cierre de la instrucción del caso Puertos después de cuatro años de investigaciones.
