ZAMAPRIME Actualizado Jueves, 5 septiembre 2024 – 03:37
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, considera a la Ley de Universalidad como el principal legado de su ministerio. Destaca que esta ley, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, sería una medida transformadora para lograr la cobertura y acceso universal al sistema sanitario. En julio, Padilla solicitó una consulta al Comité de Bioética de España para abordar los aspectos éticos relacionados con la futura ley.
El Comité de Bioética de España recientemente emitió su respuesta, avalando el proyecto de ley en curso como el instrumento jurídico adecuado para alcanzar la cobertura sanitaria universal y el acceso universal al sistema sanitario en el Estado español. Sin embargo, el Comité señala que ninguna ley o reforma implementada desde 1986 ha garantizado el acceso universal a la atención sanitaria.
Diferencias autonómicas
El informe destaca que las reformas realizadas desde 1986 no han logrado garantizar la universalidad en el sistema sanitario. Además, resalta que las diferencias normativas entre las comunidades autónomas han contribuido a la desigualdad en la atención sanitaria.
En relación con la última reforma en 2018, el Comité destaca que no ha logrado garantizar la universalidad debido a las diferencias normativas entre las comunidades autónomas y en el tratamiento de distintos grupos de población.
Exigencia ética del proyecto
El Comité de Bioética plantea la necesidad de exigir al proyecto de Ley de Universalidad en trámite un cumplimiento ético. Destaca la importancia de garantizar la universalidad en el acceso a la atención sanitaria y la coherencia en los medios para lograr este fin.
El proyecto de ley busca ampliar la cobertura sanitaria, recuperar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, clarificar las prestaciones y evitar nuevos copagos. Se espera que estas medidas mejoren las políticas públicas de salud y aborden las necesidades de protección de la salud de la población.
Eficiencia frente a justicia
El Comité destaca la importancia de garantizar el derecho a la asistencia sanitaria para todas las personas residentes en el país, independientemente de su ubicación o condiciones sociales. Priorizar la eficiencia sobre la justicia en este ámbito sería inaceptable y contraproducente para la protección de los derechos individuales y la dimensión social de la salud.
