El juez del juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria que investiga a la Fundación Siglo XXI por un supuesto desvío de 12,51 millones de euros del Gobierno de Canarias para acoger menores migrantes no acompañados ha decidido remitir el caso a la Fiscalía Europea, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS. Este magistrado investigaba a la fundación y a cuatro directivos por malversación de fondos públicos, administración desleal y falsificación de documentos.

Desde que se reactivó la ruta canaria a principios de la década, el Gobierno de Canarias ha contratado a organizaciones no gubernamentales para gestionar los dispositivos de acogida de menores no acompañados. La Fundación Siglo XXI recibió parte de los 136,9 millones de dinero público destinado a estos menores. Se ha presentado una querella en mayo de 2023 por la Fiscalía Anticorrupción que detalla el presunto uso indebido de estos fondos.

La acusación señala que los directivos se beneficiaron personalmente de estos fondos mientras los menores vivían en condiciones precarias en los centros de acogida. Además, hubo irregularidades en las transacciones bancarias y desvíos de fondos a cuentas personales. La investigación destaca una falta de control por parte del Gobierno de Canarias en la gestión de estos fondos.

El juez menciona que parte de los fondos provienen de la Unión Europea, pero la financiación de la Fundación Siglo XXI terminó siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma. Este caso se suma a otros casos de corrupción que están siendo investigados por la Fiscalía Europea en las Islas Canarias.

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En marzo, la Fiscalía Europea también decidió investigar el caso Koldo, relacionado con contratos para el suministro de mascarillas en Baleares y Canarias. Otra investigación involucra el pago de cuatro millones de euros a una empresa por un pedido de mascarillas que nunca llegó, lo que llevó a la imputación de exfuncionarios del Servicio Canario de Salud.