Los barones del Partido Popular y Page retoman la ofensiva judicial contra la amnistía | España

Los barones del Partido Popular y Page retoman la ofensiva judicial contra la amnistía | España

Diversos Gobiernos autonómicos del Partido Popular han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en una operación en cascada. Este movimiento legal ha sido anunciado de forma consecutiva este lunes, sumándose a la ofensiva judicial de la dirección nacional. Comunidades como Madrid, Aragón, Murcia, Andalucía y Cantabria han confirmado el registro de sus escritos ante el tribunal de garantías, a pocos días de que venza el plazo establecido. También se espera que la Comunidad Valenciana presente su recurso durante un pleno monográfico del Consell. Por su parte, Extremadura tiene previsto hacer lo propio este martes, según fuentes de la presidencia. Incluso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado un recurso a pesar de ser del PSOE. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este recurso como una defensa de la igualdad de todos los españoles en un desayuno informativo.

Díaz Ayuso también recusó a tres magistrados del Tribunal Constitucional por su presunta vinculación ideológica con el PSOE. En Zaragoza, la vicepresidenta Mar Vaquero expresó que el recurso presentado es en defensa de la libertad y la igualdad de los aragoneses, mientras que el presidente murciano, Fernando López Miras, calificó la ley de amnistía de vergonzosa e inconstitucional. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció el recurso durante la inauguración de una sede judicial en Lucena. En paralelo, el Gobierno valenciano tiene previsto presentar también su recurso contra la ley, una medida que ha sido respaldada por varios barones del PP.

En otro orden de ideas, Isabel Díaz Ayuso criticó al Gobierno por su actitud ante la situación en Venezuela y por no reconocer la victoria del candidato opositor en ese país. Además, cargó contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en relación a una investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El PP de Madrid planea abrir una comisión de investigación en la Asamblea regional para investigar este caso. La Abogacía General del Estado solicitó la ampliación de una querella por prevaricación judicial contra un magistrado que investiga el caso.

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