La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mara Jess Montero, estaba citada a las 11 de la maana de este miércoles en el Senado a petición del PP para explicar la «financiación singular» pactada en Cataluña. Entre otras cosas debía aclarar, si no es un concierto económico equivalente al que hasta ahora se aplica en exclusiva en el País Vasco y Navarra -tal y como ella misma aseguró-, de qué forma se va a compensar la salida del régimen general de la segunda comunidad que más aporta a la caja común. Sin embargo, La Moncloa desvió el foco hacia el Instituto Cervantes de Madrid contraprogramando con un discurso de inicio de curso de Pedro Sánchez, en el que abordó la cuestión territorial desde un prisma muy distinto.

Durante su intervención ante la plana mayor de su gabinete, el presidente esgrimió el dato de que, cuando se cumplan siete años de su primera investidura, el Gobierno habrá repartido entre el conjunto de regiones un total de 935.000 millones de euros, «300.000 millones más de lo que transfirió la Administración del PP en mismo lapso de tiempo», en referencia a los mandatos de Mariano Rajoy. «El problema está en que las autonomías gobernadas por las derechas no han dedicado esos recursos a los ciudadanos, los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba», agregó a continuación.

La acusación iba dirigida doblemente hacia Madrid. La primera parte de forma implícita, por el aumento del dinero adjudicado por el Ejecutivo regional a Quirón, que es una de las compañías para las que trabajó como consultor externo la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando aún no tenían una relación. Y la segunda, ya directamente explícita, por las rebajas tributarias de carácter generalizado a los madrileños de las que, según el análisis trasladado por Sánchez, se aprovechan fundamentalmente «los ricos».

«Entre 2018 y 2023 esta comunidad recibió casi 100.000 millones de euros del Gobierno de España, un 21% más que lo que transfirieron los gobiernos de Rajoy. Al mismo tiempo, sus recortes en impuestos, siempre dirigidos a beneficiar a los de arriba, redujeron los ingresos de la Comunidad de Madrid en 31.000 millones. De cada 10 euros que el Gobierno ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social… el Gobierno autonómico ha dejado tres para hacer regalos fiscales», insistió en el mismo mensaje Sánchez.

Tras desplegar este abanico de contexto, el presidente procedió a anunciar que va a «impulsar la creación de un sistema de financiación que sea más justo, que reduzca las diferencias territoriales, que atienda las singularidades de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público». A lo que añadió una última coletilla: «Y que exija también algo que yo creo que es sentido común, que es la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos». De ahí lo que se podía leer entre líneas es que quiere limitar la capacidad de las regiones para hacer rebajas de impuestos.

Ni el presidente durante su discurso ni en La Moncloa después aclararon si esa modificación del modelo de reparto de fondos se acordará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representadas todas las autonomías, ni si se hará de forma bilateral -como se ha hecho con Cataluña- en las reuniones que el jefe del Ejecutivo quiere empezar a mantener con todos los dirigentes territoriales. Lo único que se traslada es que no será un asunto destacado en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará en Cantabria, en una fecha aún por cerrar, donde se quiere dar prioridad absoluta a la vivienda.

«Les aseguro, les garantizo y me comprometo a que con la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer todas y cada una de las comunidades recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el PP, entre otras cosas porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española, que es el Fondo de Compensación Interterritorial», agregó Sánchez en un intento por acallar las críticas que ha suscitado el pacto suscrito con ERC para poder situar a Salvador Illa al frente de la Generalitat entre las propias filas de su partido.

Sin mencionar directamente a Cataluña en su discurso, el presidente volvió a arremeter contra Ayuso -a la que tampoco aludió por su nombre en ningún momento- por «las privatizaciones y recortes que están haciendo en este momento precisamente los llamados barones y baronesas del PP en aquellas comunidades donde gobiernan». En el caso de Madrid, agregó, solo en el último año «se han derivado 1.000 millones de euros brutos a la sanidad privada».

En este punto, no obstante, Sánchez hizo extensivas sus críticas hasta la Comunidad Valenciana, donde aseguró que el Ejecutivo de Carlos Mazón ha «recortado el 20% de plazas públicas en las residencias de mayores». También recriminó a la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, por haber «suprimido ya 2.000 clases de educación pública al tiempo que ha incrementado en 22% las concertadas.

Ayuso respondió a las acusaciones de Sánchez posteriormente a través de las redes sociales. «Incapaz de hablar nada positivo sobre su gestión, incapaz de hacerlo desde la sede del PSOE, utiliza las instituciones de todos para, mintiendo, justificar el robo que planea a Madrid y la ruptura del modelo territorial a la medida de sus socios secesionistas», escribió en X.

Obviando también a Alberto Nez Feijóo, a quien tampoco se refirió por su nombre el jefe del Ejecutivo se volvió a lamentar ayer una vez más al clima de «polarización» que, a su juicio, provoca exclusivamente la oposición. «Por mucho que me insulten voy a continuar haciendo políticas desde el respeto a mis oponentes políticos», recalcó asegurando que «hay Gobierno para largo», que está acostumbrado a «navegar con el viento en contra» y que le quedan «tres años, que se dice pronto», para poner en marcha «nuevos avances».

Además, Sánchez avanzó que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará el nuevo techo de gasto, que es el paso previo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, después de que el voto en contra de Junts lo tumbara el pasado mes de julio. En La Moncloa se muestran optimistas respecto al apoyo del partido de Carles Puigdemont a las cuentas públicas al haber reclamado públicamente ahora cuestiones concretas como un aumento de la inversión en el servicio de Rodalies para aprobarlas.

Mientras Sánchez eclipsaba la comparecencia de Montero en el Senado, en el acto del Instituto Cervantes estuvo arropado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y 13 de sus 22 ministros. También acudió Óscar López, todavía en calidad de jefe de Gabinete antes de que se anunciara que ostentará la cartera de Transformación Digital y Función Pública que deja vacante José Luis Escrivá tras su marcha al Banco de España.